El proyecto de reforma de la Administración local tiene su justificación, según el Gobierno, en el principio de: "Una Administración, una competencia", pero para su determinación copia la división por tramos de población de leyes de 1950 y 1985 (según he leído), aunque con notables y preocupantes ausencias, como si en todos estos años los ayuntamientos no hubieran evolucionado ni fueran los responsables del actual estado del bienestar de sus vecinos. Y las competencias, muchas de ellas, pasan a un limbo, porque aunque se supone que serán asumidas por las Comunidades Autónomas, todos sabemos que su nivel de endeudamiento y déficit lo hará de imposible cumplimento.
Con la reforma proyectada, ésto no se corrige, mientras que parecería de sentido común que si hay varios ayuntamientos cercanos se concentraran servicios, que también se hiciera con sus destinatarios, suponiendo un ahorro que podría destinarse a la implantación de otros nuevos o a mejorar los existentes, así como una mayor organización de los recursos públicos al destinar menos dinero por usuario para conseguir, incluso, una mejor prestación.
Hace tiempo que se está proponiendo la elaboración de dos mapas: uno de servicios, en el que consten los que prestan todos y cada uno de los ayuntamientos; y otro de planta, en el que se delimiten unos ámbitos territoriales que incluyan a todos aquellos ayuntamientos en los que su cercanía haga posible la utilización de dichos servicios. Elaborados ambos mapas debemos superponerlos de forma que comprobemos cúantos servicios se están duplicando innecesaria e injustificadamente, y con ello establecer los mecanismos adecuados de corrección, pero siempre manteniendo el espíritu municipal y no, como se pretende, de alejamiento hasta los despachos de las diputaciones provinciales o al irrealizable mundo de las Comunidades Autónomas.
Con ello se conseguiría, por una parte, mantener e incluso ampliar el estado de bienestar, al contrario de lo que va a resultar de la aplicación práctica de la reforma, cumpliendo escrupulosamente con la ley de estabilidad presupuestaria, y por otro poner unas bases sólidas para iniciar un proceso de fusión de ayuntamientos que podría acometerse en un plazo razonable de forma natural y no traumática, homologándonos a nuestros socios europeos, y no como el sistema de incentivos que no va a ir más allá de situaciones anecdóticas, como en Francia, donde ya se intentó y, por cierto, sin ningún éxito.
DESDE MI CALLE, que es la calle de todos.
